martes, 13 de noviembre de 2012

Derechos Humanos. Análisis de un asunto

Me pareció interesante la presente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a los derechos humanos de las comunidades indígenas, en este caso, tratándose en metaria electoral por lo que a continuación narró de manera resumida el asunto.
1. La Legislatura del Estado de Oaxaca a finales del año dos mil dos, decreto la desaparición de poderes en el municipio Tanetze de Zaragoza, distrito de Villa Alta.
2. Se nombró un administrador municipal. 
3. El 21 de febrero de dos mil seis el Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, solicitó al administrador municipal en Tanetze de Zaragoza, informara la fecha en que se realizaría la elección de las autoridades municipales para el periodo comprendido entre el primero de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.
4. El diecisiete de octubre y treinta de noviembre de dos mil seis, el Administrador municipal señaló que no existían las condiciones para llevar a cabo la elección de autoridades municipales.
5. El veinte de diciembre de dos mil seis, el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca con base en un informe rendido por el director de Elecciones por Usos  Costumbres, emitió un acuerdo por el cual declaró que en el municipio Tanetze de Zaragoza no existían las condiciones necesarias para la elección.
6. El veintiuno de diciembre de dos mil seis, la Quincuagésima Novena Legislatura del estado de Oaxaca, emitió el Decreto número 365 por el cual ratificó  el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.
7. El día treinta de diciembre de dos mil seis se publica en el diario oficial, del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el acuerdo que tomo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y el Decreto 365 dictado por la Legislatura estatal, a través de los cuales se declaró “la imposibilidad de que en el municipio Tanetze de Zaragoza, se puedan llevar a cabo elecciones de autoridades municipales”.






El conflicto se centra en la negativa del Instituto Estatal Electoral de convocar a Elecciones para restaurar democráticamente el estado de derecho en el municipio Tanetze de Zaragoza. Al considerar el Instituto que según los informes rendidos tanto por el administrador Municipal y el director  Elecciones por Usos  Costumbres, que no existen las condiciones adecuadas para la celebración de elecciones. 
Es importante señalar también que el municipio desde el año dos mil dos no se han celebrado elecciones para la renovación de las autoridades municipales, prevaleciendo el estado de excepción desde ese año sin que las autoridades tomen medidas para restablecer las condiciones para llevar a cabo elecciones.
La negativa por parte de la autoridad Electoral Estatal de llevar a cabo elecciones en el municipio, para que sean los ciudadanos, quienes de forma libre y en ejercicio de sus constitucionalmente amparados usos y costumbres como miembros de una comunidad originaria, elijan a las autoridades municipales.

Al resolver El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lleva a cabo un análisis de gran trascendencia, en cuanto a la forma en que los órganos jurisdiccionales deben de actuar cuando conocen de asuntos donde se encuentran involucrados pueblos originarios (indígenas), ponderando las condiciones particulares de los miembros de esta comunidad sobre formalismos legales que obstaculizan el pleno acceso a la justicia pronta y expedita de los tribunales de nuestro país.
El artículo 1 apartado 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es interpretado y aplicado al momento de resolver este tribunal respecto al acto impugnado, sentando criterios que son ejemplo para otros cuerpos tribunalicios de la forma en que se debe de agotar un derecho fundamental. 
El citado artículo 1 apartado 1 de la Convención Americana a la letra dice:
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Algunos de los criterios sentados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Resolver el acto impugnado en cuanto al alcance y efecto del artículo invocado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son:

I. Los juicios para la protección de los derechos de integrantes de comunidades o pueblos indígenas, se debe suplir la deficiencia de las acciones planteadas por los miembros de estas comunidades, cuando estén en controversia los derechos fundamentales que les confiere la constitución, y tal suplencia debe extenderse a corregir cualquier defecto o insuficiencia en su reclamaciones, la determinación por parte de la autoridad de la fuente de agravio a pesar de que tal fuente no se señale explícitamente, motivado por el desconocimiento o falta de pericia del lenguaje español o del régimen jurídico específico que regula la materia del litigio.

II. Actuar a favor de la salvaguarda de los derechos de pueblos y pobladores indígenas sin más limitación que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, que son inherentes a todo proceso jurisdiccional.

III.  El derecho fundamental a una tutela jurisdiccional completa y efectiva tiene como presupuesto necesario, para el acceso a los tribunales de justicia, la ausencia de obstáculos económicos y técnicos.

IV. La interpretación del marco normativo debe ser siempre funcional y efectiva, nunca enunciativa o meramente declarativa, sino que la actuación del órgano jurisdiccional debe verse reflejada en restaurar los derechos vulnerados o restringidos.

V.  Los derechos de corte fundamental reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas, constituyen medidas que procuran beneficiar directa e indirectamente a estos conglomerados de la sociedad mexicana, a través de una clara diferenciación de trato, que es una consideración especial para contrarrestar  la situación de desigualdad real y material en que se encuentran estos pueblos.

VI. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de estas comunidades recogidos en el texto constitucional y en diversa normativa internacional, no se agota en la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que constriñe al gobierno a desplegar una conducta que asegure la existencia en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

VII. La obligación anterior implica al estado el tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad, libertad e identidad cultural.
De lo anterior y a manera de conclusión nos podemos percatar que existe ponderación de derechos humanos, pero más aún una valoración total de las condiciones reales de las comunidades indígenas y la que considero una correcta valoración de ese Tribunal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario